ChicamochaNews.net - Multilenguaje

sábado, 14 de julio de 2012

“CRISIS DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA JUSTICIA EN GARCIA ROVIRA”

Por Oscar Arley Gómez Berrio (*)

 

Esta debe ser la conclusión obligada luego de la manifestación pública realizada el 8 de Junio en la ciudad de Málaga; y es que los hechos ocurridos en los tres últimos meses, el asesinato de LINA MARCELA DOMINGUEZ ESTUPIÑAN, un crimen que por las circunstancias agravantes en que se dieron, no solo fueron un ataque a la vida, la integridad física, la sexualidad de una mujer adolescente como Lina, que lesionó el bien jurídico de la familia Domínguez - Estupiñán; sino que lesionó el bien jurídico de la dignidad de todos los Rovirenses; el Homicidio de el Ex Alcalde de Enciso, líder Político DEOGRACIAS PINZÓN SUÁREZ, supuestamente a través del fenómeno del sicariato, no solo lesionó el bien jurídico de la vida de Deogracias, también lesionó el bien jurídico de la dignidad de los García rovirenses, y el Hurto agravado ocurrido al Banco Agrario con sede en Málaga, a plena luz del día, en el centro comercial de la ciudad, no solo lesionó el bien jurídico del Estado, sino además, lesionó la tranquilidad, la confianza y la seguridad que los ciudadanos esperamos del Estado y de sus Autoridades.

Puesto que Colombia es un ESTADO SOCIAL DE DERECHO, y esta edificado para que, a través de su estructura del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo garanticen a sus integrantes "la vida, la convivencia, la justicia……" entre otros derechos fundamentales, como lo señala nuestra Constitución Política en su preámbulo y artículos 1 y 2 que constituyen principios fundamentales; esto es, ni más ni menos que los Alcaldes, Jueces, y fuerza pública, deben actuar siempre para hacer respetar, proteger y cumplir los derechos fundamentales de los integrantes de sus ciudades.

De tal suerte que el hecho que luego de tres meses no haya un solo detenido dentro de las tres investigaciones referidas que adelanta la Fiscalía, que a la fecha no se tenga noticia de los móviles de los hechos, de las medidas dispuestas para evitar que conductas como estas se vuelvan a presentar, tienen a la comunidad rovirense en la mayor desesperanza; urge entonces demandar de los alcaldes de la provincia una gestión puntual ante el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Defensa, bajo el principio constitucional  de la colaboración armónica en torno de fortalecer el aparato estatal que debe garantizar la seguridad y la convivencia pacifica, sin permitir asomos de impunidad, aspectos o elementos fundamentales que constituyen debilidades manifiestas en esta materia, y que, no siendo los únicos, me permitiré enumerar algunos; el aumento del pie de fuerza policial en cada uno de los municipios de García Rovira, la implementación de un CAI Móvil con sede en la Ciudad de Málaga; la creación de una sede de Medicina Legal para la Provincia, dotada de un mínimo de profesionales forenses y los elementos necesarios para el debido y adecuado manejo de la prueba y la cadena de custodia de los elementos de prueba; el nombramiento de por lo menos un segundo Juez promiscuo del circuito, otro fiscal seccional. Puesto que ante los hechos, estos y otros aspectos suelen ser las justificaciones de la inoportunidad con que se actúa, por parte de las autoridades encargadas de administrar justicia y de garantizar el orden público.

En estos momentos los dictámenes medico legales, los genera el médico de turno del  Hospital, sin que se tenga un médico forense definido para ello en la Provincia de García Rovira, ello hace que el dictamen carezca de la especificidad que debe tener, para la certeza o probabilidad del elemento de prueba; Así por ejemplo, cuando se solicita por un abogado un dictamen de un Psiquiatra o Psicólogo forense para casos de abuso o violencia sexual, este peritazgo se puede demorar perfectamente entre 8 a 10 meses, pues hay que solicitarlo a la regional Santander de Medicina Legal, ello necesariamente recae sobre la celeridad del proceso, su rapidez, pero más aún con la oportunidad de la prueba, o sea, sobre la veracidad del testimonio o la valoración, porque sencillamente el paso del tiempo puede borrar los recuerdos y reflejos que se tienen de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Los resultados de una toma de huellas del posible sospechoso de un delito, puede tomar perfectamente un año, pues la huella también hay que remitirla a otra instancia dentro de la Institución de Medicina Legal a Nivel Nacional para que arroje el resultado, cuando llega, del sospechoso ni siquiera se conoce su paradero; las pruebas de ADN son programadas tan solo una o dos veces al año, así que los procesos de inasistencia alimentaria, que además abundan en esta provincia, están supeditados a la programación que de tal prueba se haga en la mayoría de casos, más el tiempo que hay que esperar para que luego de tomada la prueba envíen el resultado, de tal suerte que el o la menor pueden durar perfectamente 1 o 2 años esperando que la Justicia señale si "su padre es su Padre".

El tener o contar con un solo Juzgado Promiscuo del Circuito, conociendo en segunda instancia de todos los procesos, civiles, laborales, penales y tutelas, sencillamente nos permite afirmar que la Justicia de García Rovira está congestionada y por ello las Audiencias Públicas de Juzgamiento, en delitos penales, no pueden darse en la realidad con la urgencia que el proceso penal acusatorio señala y esta circunstancia la comunidad en general no puede ni debe entenderla, porque a la comunidad en general le asiste el Derecho Fundamental de exigir y obtener una pronta y eficaz justicia en su caso particular. Esta es apenas una  enumeración somera de los diferentes obstáculos que tiene la provincia en su Rama Judicial, para garantizar la Justicia y evitar la impunidad

¡No más inseguridad e injusticia, la comunidad y ciudadanía en general claman JUSTICIA Y SEGURIDAD!

 (*) Oscar Arley Gómez Berrio

Abogado y ex personero de varios municipios de García Rovira.

Actual Registrador de Instrumentos Públicos de Concepción.

No hay comentarios: